Señor Editor,

Se acaba de lanzar oficialmente la Comisión de Salud Mental y COVID-19 de la Organización Panamericana de Salud (OPS), el pasado 6 de mayo de 2022. Dicha comisión está presidida por Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de Costa Rica, y Néstor Méndez, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, más un conjunto de profesionales interdisciplinarios de la región¹. En los discursos de presentación se mencionaron algunos de los temas, tales como la necesidad de abordar más profundamente los efectos del COVID-19 sobre la salud mental de la población, en sus consecuencias y secuelas a largo plazo advertidas por numerosos estudios^2–3. Se enfatizó la atención de la salud mental en las poblaciones vulnerables, los problemas psicosociales ligados a la violencia contra las mujeres, niños y adolescentes, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, etc. Se focalizó en el enfoque de derechos y el acceso equitativo a los servicios de atención de la salud mental. También se manifestó la importancia de contribuir con los gobiernos de la región para una mejor respuesta en materia de salud mental, entre otros.

Si bien la conformación de esta comisión es altamente necesaria y estratégica debido a las implicancias de la pandemia COVID-19 sobre la salud mental en la región, parece llegar tardíamente respecto de la llamada de atención internacional establecida desde mediados del 2020⁴. Durante la pandemia, la OPS no tuvo un papel muy activo en acciones de salud mental y el COVID-19, pero si logró difundir guías de recomendaciones y materiales orientadores en su portal⁵. Más bien, la mayor capacidad de respuesta y abordaje provino de organizaciones psicológicas, sociedades científicas y profesionales, y universidades, quienes implementaron programas de asistencia psicosocial, redes de apoyo comunitarias, y dispositivos de atención virtual de la salud mental, entre otros^5–8. Los gobiernos llevaron a cabo acciones específicas en esta materia, aunque con cierto grado de heterogeneidad entre los países de la región⁹.

No resulta sencillo evaluar qué tan profundo ha sido el impacto de la pandemia sobre la salud mental, pero se asume que ella ha dejado grandes secuelas para el bienestar psicosocial y la calidad de vida de las personas^2,3. La nueva comisión se ha fijado como meta realizar un primer informe de situación antes de finalizar el presente año, y también ha habilitado un canal de comunicación en su portal. En la presentación oficial, no se brindaron mayores detalles de la agenda de trabajo, por lo cual creemos necesario dejar indicado algunos temas prioritarios. En la Tabla 1 se señalan varios tópicos que deberían ser contemplados, derivados de lo indicado por diversas publicaciones^5–14.

Las prioridades de investigación y respuesta frente a las demandas de salud mental en el contexto del COVID-19 se visualizaron desde el inicio de la propia pandemia, aunque los problemas señalados fueron parte de ciertos consensos internacionales^10–12, donde los temas propios de América Latina y el Caribe no estuvieron contemplados. De hecho, ya se ha hecho notar la falta de una agenda propia para la región¹⁴. La creación de esta comisión de la OPS viene a saldar una deuda con el escaso énfasis que se le ha dado a la salud mental de la población de las Américas. La tarea no resulta nada sencilla debido a los temas convergentes que deberían abordarse para contar con un mapa más profundo de la realidad de la salud mental en la región. En este trabajo, se ha contribuido con la identificación de seis dimensiones para una eventual agenda de evaluación de la salud mental. No se trata de una agenda exhaustiva ni pormenorizada, pero si de ciertos temas apremiantes en salud mental, tanto desde el punto de la investigación científica, la práctica profesional, las políticas públicas y la participación social. La acción sinérgica puede contribuir con el aumento de la visibilidad de la salud mental, movilizar recursos y priorizar las políticas públicas e intervenciones estrategias de salud mental.